Los Campings del Mediterráneo reclaman herramientas laborales más acordes a una temporada incierta

La Confederación de Campings del Mediterráneo (CCM) ha hecho constar “el desconcierto y la confusión” generados por por la “desafortunada redacción” del Real Decreto Ley (RDL 18/2020 de 13 de mayo) que permite la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en curso hasta el 30 de junio. La CCM subraya que, pese al modo en que está redactado el texto, “no es imperativo abrir nuestros negocios, independientemente de las fases de la desescalada, si consideramos que las circunstancias excepcionales que vivimos lo hacen inviable”.

Las dudas suscitadas entre los campings por la normativa a la hora de pasar de ERTEs totales a parciales han sido tratadas en un webinar específico en el que han participado como ponentes Jaume Francesc, experto del despacho Francesch & Sabaté, y Àngels Ferré, que además de presidenta de Campings del Mediterráneo es abogada laboralista en el despacho Lorente Tallada. “El análisis de las cuentas, -sobre todo de los costes fijos, y en especial, sueldos y salarios, el tipo de clientes, las reservas, las consultas en la web, las fechas previstas de apertura de provincias y fronteras…, más una pizca de intuición, deben determinar la toma de la decisión de abrir o no, pero es una decisión nuestra”, insiste Àngels Ferré.

A falta de una clarificación expresa de los criterios, que se terminarán de acotar por parte de la Dirección General de Trabajo para todos los subsectores turísticos, la CCM entiende que la prórroga de los ERTEs hasta 30 de junio -y la obligación de mantener seis meses el empleo una vez que se desafecta al trabajador- no se ajusta a la estacionalidad de las empresas turísticas: “La temporada se nos ha acortado mucho, y necesitamos más que nunca flexibilidad para las altas y las bajas en función de la evolución del mercado, que en este 2020 es todavía impredecible”.

Jaume Francesch defiende la potestad de los empresarios del camping para no incluir en ERTEs a los trabajadores fijos discontinuos “mientras no haya trabajo efectivo por hacer”. En general, según este especialista, el RDL 18 no ha tenido gran afectación directa para los fijos discontinuos, ya que “la mayor parte de las empresas ha podido mantener cobrando el subsidio de desempleo a su plantilla de fijos discontinuos a la espera de poderlos llamar para el comienzo de la temporada”. Para aquellos que han agotado las prestaciones en invierno, el Estado les reconoce 90 días más.

Para los que sí han necesitado presentar un ERTE -que normalmente afecta a los fijos que trabajan todo el año-, Francesch vuelve a subrayar que “se mantiene la opción empresarial de seguir en un ERTE total con las exoneraciones previstas en la cotización de sus trabajadores; la empresa puede permanecer cerrada porque abrir puede ser más perjudicial para sus intereses”. Con la reincorporación de un solo trabajador, el ERTE ya pasa a ser parcial, con porcentajes menores de exención.

Francesch advierte sobre los efectos colaterales. El RDL 18 obliga a mantener el empleo seis meses “exclusivamente a los trabajadores que forman parte del ERTE”. “Si se produce un despido deberán devolverse todas las exenciones de todos los trabajadores del ERTE, al igual que si la sociedad está domiciliada en un paraíso fiscal o se reparten beneficios en 2020”. 

El problema más espinoso, a su juicio, deriva del final de la ‘fuerza mayor’. “Si al final de junio finaliza la situación de fuerza mayor y no puedo reintroducir a todos los fijos discontinuos habrá que pasar a un ERTE productivo”. El ERTE productivo es una herramienta más compleja: “Debe estar muy bien hecho y ser convincente; según la complejidad de la empresa, conviene encargarlo a terceros especializados”. Haya o no acuerdo en la negociación con los trabajadores, el ERTE productivo se puede aplicar, aunque luego pueda ser reclamado ante la autoridad laboral.